El lawfare nunca puede llevarse acabo desde afuera del poder. Para eso es necesario negociar de forma directa con elementos del Poder Judicial y de la prensa. Para negociar es imprescindible poder presionar o premiar. Para ambas cosas se necesita poder real. Para presionar, se requiere de legisladores con posibilidades de iniciar juicios políticos a los magistrados, única modo de removerlos en un cargo que por naturaleza es vitalicio. También para premiar hace falta ocupar bancas, que son las que determinan los ascensos dentro del Ministerio Público. Jueces de primera instancia sueñan con convertirse en camaristas, fiscales ocupar el lugar de los jueces.
Por otro lado están los medios, la prensa. Para tener un parámetro del rol que ocupan dentro de la política; el presupuesto presentado por Horacio Rodríguez Larreta para el 2021, prevé un gasto en publicidad de 2.407 millones de pesos. En el caso nuevejuliense, no hay registros de lo que el Municipio invierte en publicidad.
Tampoco lo registra la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno; pese a que en ambos rige el discurso de la “transparencia”. Pero, para tener una somera idea, sí se conoce el costo por página, por ejemplo del Diario Tiempo o de El 9 de Julio. Estos van desde $1730 a $6.300 más IVA, por página, por día. Hay que tener en cuenta que existen, además, varios portales digitales, radios AM y FM y una señal de televisión; donde también puede verse la publicidad de ambas.
En el caso de la Cooperativa, desde el año en el que la militancia cambiemista se hizo cargo del Consejo de Administración, no responde ni uno solo de los requerimientos que los asociados presentan ante los miembros de la Sindicatura. O cuando lo hace, las respuestas son tan evasivas que rayan con el ridículo. Incluso esto ha motivado varias de las causas administrativas abiertas ante el INAES, organismo que regula el funcionamiento de las cooperativas. De la información que publica el Municipio de 9 de Julio, en su página oficial, no existe un solo dato que permita conocer o evaluar en qué medida el Estado incide en la opinión pública a través de los medios de comunicación gracias a lo que se conoce como “pauta oficial”.
A partir del año 2017, en la ciudad de 9 de Julio, y de la misma forma que se dio a nivel nacional, el conflicto político dejó de respetar los códigos que la política aceptaba como propios. Estas batallas se dirimían sobre la base de propuestas o de las virtudes personales que mostraban los candidatos. Basta recordar el famoso debate presidencial del año 2015 Macri-Scioli y la frase “En que te has convertido Daniel”; o volviendo al plano local, el primero de los debates protagonizado por los entonces candidatos Walter Battistella, Jesús Abel Blanco y Julio Bordone, y transmitido por radio Victoria. Esos eran los modelos civilizados dentro de la contienda política. Con la llegada de Cambiemos al poder, todo eso pasa a segundo plano; y lo que sí aparece en primer lugar son las campañas de desprestigio, los trolls, la persecución de los opositores a través de la complicidad con ciertos medios, y el manejo de las denuncias y de las causas judiciales. Todo un combo conocido como lawfare.
El relato de la pesada herencia cooperativa y El Golpe
El dato más llamativo del copamiento amarillo en la CEyS, es que se produce bajo un hecho insólito. Si bien es cierto que en otras oportunidades los ganadores de las elecciones cooperativas removían a los Consejos de Administración; nunca antes se aprobaban sus balances de forma previa. Así la causa esgrimida para su remoción, surgía como natural consecuencia de su mal funcionamiento. Este se demostraba en la desaprobación de sus estados contables.
El caso amarillo, de la lista Verde “Transparencia Cooperativa”; rompe la regla. Por un lado, se convalida su funcionamiento, al aprobarse sus balances y memoria; y por otro, se remueve el Consejo de Administración. Despejada la primera, la única causa de remoción que surge del acto, es la política.
La razón por la cual no pueden desaprobarse sus Balance y Memoria, surge de los números que para ese momento arroja la empresa. En los cuadros que se presentan debajo, se resume su estado. El cuadro de la izquierda muestra cuánto era lo que tenía la Cooperativa en caja, depósitos y cables; por aquellos años (31/12/2017). Y el cuadro de la derecha, actualiza el monto de acuerdo con el índice de inflación que mostró la Argentina durante todo el período hasta nuestros días (30/06/2021).
Para tener una idea de lo que significan estas cifras y de la importancia política del manejo de dicha “caja”; el cuadro que se presenta a continuación refleja la Situación Económico-Financiera del Municipio de 9 de Julio, durante el primer semestre de este año 2021; y que se extrae de su página oficial.
Como puede observarse al comparar las cantidades, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, dirigida por Omar Malondra; contaba con disponibilidades muy similares (236 millones) de las que hoy presenta el Municipio de 9 de Julio, gobernado por Mariano Barroso (250 millones).
Para terminar de comprender la actitud de los delegados cambiemistas en aquellos años, basta con poner un ejemplo que podría darse en solo cuatro meses.
Suponga el lector/ra, nuevejuliense, que durante las elecciones del mes de noviembre, el Frente para la Victoria, ganas las elecciones por una cantidad que le permite tener mayoría en el Honorable Consejo Deliberante. En la apertura de sesiones ordinarias que todos los años abre el Sr. Intendente, se presenta. Da lectura y repasa lo actuado durante el año 2021. Todo es aprobado por unanimidad. Acto seguido uno de los concejales del FpV, toma la palabra y pide la remoción del intendente. Se vota, y por mayoría, se decide reemplazar a Mariano Barroso.
Si eso suena descabellado, es lo que sucedió en la asamblea de delegados de la CEyS, en el año 2018. Solo que los militantes no eran del FpV, sino de Cambiemos; y el miembro que propuso la remoción se llamó Matías Losinno. No solo eso, luego fue nombrado él como presidente del Consejo depuesto.
Todo esto fue hecho a plena luz del día y con el apoyo de buena parte de la prensa local. Para configurar el lawfare y la causa penal que proscribe e impide que los removidos puedan presentarse nuevamente a elecciones; no se necesitó negociar con ningún sector de la justicia. Matías Losinno, además, era y sigue siendo funcionario del Poder Judicial.
