Cómo hizo Cambiemos para quedarse con la CEyS.

Para comprender la situación actual de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno; es necesario remontarse al año 2018; y en ese contexto, aplicar los mas duros elementos del “lawfare”, tal y como se lo conoce en otros ámbitos. Solo de esa manera el ciudadano nuevejuliense podrá entender cómo y por qué, toda una sociedad fue empujada a emprender una cruzada de tinte fascista y de persecución de los suyos, que todavía persiste.

Este término que en Argentina popularizó Cristina Fernández de Kirchner, no es claramente un vocablo autóctono ni utilizado solamente en el país. Por el contrario, se trata de una práctica perversa que ha atravesado distintas naciones y jurisdicciones. Tal es el caso de Argentina, con la denominada Mesa Judicial M; o de Brasil que operó sobre Inácio Lula da Silva, y el emblemático juez Moro. También funcionó y todavía perdura en provincias como Jujuy, con el caso de Milagro Sala, y jurisdicciones menores como el Municipio de 9 de Julio, contra los integrantes del Consejo de Administración de la CEyS, que fueron desplazados en el año 2018, y hasta el día de hoy se encuentran proscriptos para presentarse a elecciones. Es una práctica que ha instaurado la derecha, sobre todo en Latinoamérica, y que incluso ha sido puesta en evidencia hasta por el propio papa Francisco.

Aunque más de una vez se ha descripto su significado; vale la pena comenzar por allí. Lawfare, (guerra judicial o judicialización de la política); es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Cabe agregar un detalle: no puede llevarse a cabo sin la complicidad del periodismo; o de cierta parte de él.

Como se afirma más arriba, la ciudad de 9 de Julio, no estuvo exenta de esa práctica. Al contrario, se hizo a la luz del día y con un nivel de desprolijidad y desparpajo superior al que muestran las grandes cadenas de noticias. Los nuevejulienses fueron espectadores de lawfare que involucró directamente a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS), y salvo por algunas excepciones muy puntuales; como lo indica la práctica, esta persecución contó con el decidido apoyo de algunos medios locales; o en el caso más leve, la pasividad de otros tantos que sobreviven gracias a la pauta publicitaria oficial. Esa característica que los hace siempre oficialistas sin importar quién ocupe ocasionalmente el sillón del Municipio. Con una actividad reducida a publicar todo lo que viene dado por el gobierno de turno, sin el menor filtro, análisis o cuestionamiento. Funciones que son imprescindibles al periodismo y forman parte de su razón de ser. De modo que la ciudad de 9 de Julio, siempre vive la versión oficial de los hechos. No hay otra, salvo las honrosas excepciones que confirman la regla.

Solo aplicando el concepto de lawfare o mala política, se puede explicar qué fue lo que sucedió en la CEyS, y como accedió el ala política de Cambiemos a la empresa emblemática del Distrito de 9 de Julio, a partir del año 2018. Es preciso desandar todas las operaciones desatadas por Cambiemos desde la llegada al gobierno en el año 2015; hacer el camino inverso: partir de lo se hizo y llegar a lo que se dijo. De lo contrario, el resultado será perderse en un laberinto de mentiras dispuestas y pensadas para manipular a la opinión pública.

La gravedad inusitada del caso de 9 de Julio, está dada por el hecho de que la complicidad con la justicia, no se llevó a cabo de forma solapada. Lo más estrafalario, y allí es donde más se ve la complicidad de los medios periodísticos, es que la lista cooperativa (Verde “Transparencia Cooperativa”) creada e impulsada por militantes del PRO, incluyó a un miembro del Poder Judicial local. Y no solo eso, fue esa misma militancia cambietista la  que luego se tomó el trabajo de instalarlo en la presidencia de la Cooperativa.

CONTEXTO 2015.

Es imprescindible, además, ubicar las acciones dentro del marco de la crisis energética por la que atravesaba el país (y 9 de Julio) por aquellos años. Durante más de una década, el gobierno nacional, había dedicado mucho esfuerzo en incentivar el consumo. Por esos años, los records de venta de electrodomésticos que se sumaban año a año, superaron las posibilidades energéticas del país y de la ciudad. Vecinos y vecinas comenzaron a sentir el malestar que provocaban los cortes de luz. Ante el problema, la solución era: bajar el consumo o generar mayor cantidad de energía.

Si algo ha demostrado la pandemia, es la dificultad para actuar con responsabilidad social. El solo hecho de cumplir con la obligación de usar barbijo, aún a costa de contagiar o morir, no ha sido sencillo. Pedirle a quien acababa de comprar un aire acondicionado o un electrodoméstico, que restringiera su uso; hoy se sabe definitivamente que no hubiera funcionado. Ante esa realidad, la baja del consumo debía provenir de lo público, del Estado Municipal; la generación de energía, de la Cooperativa Eléctrica.

Para esto último la CEyS, se movió rápido. En diciembre de 2014 ya se habían adquirido siete generadores de energía que sirvieron para amortiguar los cortes de luz en la ciudad. Quedaba otra causa por resolver: la baja del consumo. Para esto, su presidente Omar Malondra, se las ingenió para entrar en un programa del Ministerio de Infraestructura de la Nación, impulsado en todo el territorio. Ese crédito no reembolsable (sin la necesidad de ser devuelto), le permitía cambiar la luminaria de todos los accesos a 9 de Julio, y con eso reducir el consumo público en un 75 % (por ciento). Lo segundo, cambiar el anillado de cables antiguos, que bordeaban el casco urbano y llegaban a las plantas de suministro, por otros nuevos. Los 37.668 metros de cable, que aún hoy pueden verse en el predio de la CEyS, hacían posible la repotenciación y el abastecimiento óptimo y constante de la energía.

El dinero que se consiguió fue descomunal. Superaba ambas acciones. De modo que su presidente pidió a los jefes de la Cooperativa que aprovecharan la oportunidad para todo aquello que se necesitara. Así aparecieron en fila, pedido de camiones, grúas y equipos que de otra forma nunca podrían haberse adquirido. Todo fue aprobado, llegaron los cables, y las primeras luminarias se inauguraron en el Acceso Almirante Brown, entre noviembre y diciembre de 2015. Todo con dinero externo a los nuevejulienses. Ni un peso de todo lo invertido salió de las arcas de la ciudad.

Pero ya tallaba la mala política. El cambio debía darse. Lo nuevo debía imponerse. El Municipio tenía nuevos actores en el poder que demandaban protagonismo. La ola amarilla debía propagarse. La tarea de destrucción comenzaba.

Cómo funcionó el lawfare en 9 de Julio II
Losinno, la punta de lanza de Cambiemos.